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El informe de la OCDE, Es un secreto. La explotación sexual infantil en escuelas, documenta violencia en 18 planteles educativos en el país.
MÉXICO
AGENCIAS
México se convirtió el país con mayor incidencia de abuso sexual infantil entre los miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), con más de 4.5 millones de menores afectados anualmente, de acuerdo con un reporte del propio organismo y el Senado de la República.
De acuerdo con un informe elaborado por la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia (ODI), titulado Es un secreto. La explotación sexual infantil en escuelas, se han documentado casos de violencia sexual extrema en 18 planteles educativos, tanto públicos como privados, en diversas entidades del país.
Entre los estados señalados se encuentran Ciudad de México, Jalisco, Estado de México, Baja California, Morelos, San Luis Potosí y Oaxaca. El reporte detalla patrones de abuso perpetrados por maestros, directivos, personal administrativo e incluso trabajadores de intendencia.
Las víctimas, niños de entre 3 y 7 años, fueron agredidas dentro de las instalaciones escolares o, en algunos casos, trasladadas fuera de los planteles para ser sometidas a actos de abuso sexual.
Según el informe, 37 menores reportaron haber sufrido tocamientos por parte de adultos o haber sido forzados a tocarse entre ellos; 11 describieron actos que constituyen violación equiparada; ocho señalaron agresiones físicas; y tres indicaron haber sido obligados a presenciar actos sexuales entre adultos.
Además, 17 niños relataron que un maestro se exhibió desnudo frente a todo el salón, mientras que otros cuatro mencionaron haber sido atados y dos más aseguraron haber sido amordazados con cinta adhesiva. Siete menores denunciaron haber sido abusados frente a un grupo de compañeros.
Ante la magnitud de estos hechos, el Senado de la República emitió un exhorto al Poder Ejecutivo Federal y a las secretarías de la administración pública para que, en el marco del Plan Nacional de Desarrollo, se evalúen las acciones destinadas a prevenir, identificar, tratar y sancionar la violencia sexual contra niños y adolescentes.
Este llamado también incluye a la Secretaría de Educación Pública (SEP) y a sus contrapartes en los estados, instándolas a reforzar las medidas de prevención y atención en los planteles educativos, en línea con las recomendaciones del Comité de Derechos del Niño de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
El Senado subrayó la necesidad de fortalecer la coordinación entre las distintas dependencias responsables de implementar estas acciones, con el objetivo de reducir las brechas sociales y geográficas que dificultan la protección de los menores. Este enfoque busca garantizar que las estrategias diseñadas respondan a las necesidades específicas de las comunidades más vulnerables.
El informe también pone énfasis en la importancia de sensibilizar y capacitar a los docentes, profesionales de la salud y trabajadores sociales para que puedan identificar y prevenir situaciones de abuso sexual en el ámbito educativo. Según la ODI, estas medidas son esenciales para proteger a los niños y adolescentes de un problema que, además de ser una violación a sus derechos humanos, tiene consecuencias devastadoras en su desarrollo físico y emocional.
